Argumenta Jonás Pérez de León, portavoz de Los Verdes en Icod de los Vinos que “hemos denunciado el proyecto porque consideramos que no responde a las necesidades reales de circulación de vehículos entre las poblaciones de Icod de Los Vinos y Santiago del Teide, por lo que no está justificado el elevado costo de la inversión, ni las afecciones medioambientales, sociales y paisajísticas que producirá la obra”.

Los Verdes especifica en su denuncia que el proyecto afecta a una zona de especial protección para las aves (ZEPA) Corona Forestal de Tenerife (ES0000107) y a un lugar de Interés Comunitario  y al L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) “Acantilados de la Culata” (ES7020073).

En la denuncia se hace mención a varios hábitats y especies animales y vegetales protegidas por el Convenio de Berna (1994) y que además figuran en la Directiva Hábitat (1992) que se verán perjudicadas por las obras.

Consideran los verdes que la obra producirá un tremendo impacto visual en un paisaje singular sin que se haya tenido en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de Europa en Florencia el año 2000 y que entro en vigor en España el pasado 1 de marzo.

También consideran Los Verdes  como “inaceptables” las afecciones de la obra sobre las reservas de suelo agrícola, sobre el patrimonio arquitectónico y etnográfico, sobre las tradiciones ancestrales de Los Hachitos del Amparo y la Romería del Poleo; así como la destrucción directa de 60 viviendas rurales de familias canarias.

En este sentido, señala Jonás Pérez que el estudio de impacto ambiental reconoce que la nueva carretera afecta directamente a 76,1 Has de cultivos, pero “el efecto sobre el suelo agrícola es mucho mayor ya que el efecto principal de esta vía es la división en dos del espacio agrícola” se afirma en la denuncia.

Jonás Pérez, portavoz de los Verdes de Icod de los Vinos, considera  que “el estudio de impacto ambiental del proyecto es una “farsa”, debido a que falta información, no profundiza en los impactos y evita mencionar los efectos sobre hábitats y especies protegidas por la legislación europea”

Considera Jonás Pérez  que Europa tiene mucho que decir al respecto, debido a que el “Libro Verde de la Unión Europea sobre el impacto del transporte en el medio ambiente” comenta que hay que fomentar el transporte público en detrimento del privado, mientras que a la hora de efectuar nuevas infraestructuras se deberán evaluar correctamente los futuros impactos  siendo aconsejable mejorar antes las infraestructuras existentes.

Recuerda Jonás Pérez que según el barómetro global de la corrupción 2007 del organismo Transparencia Internacional (TI), “el poder legislativo o político con poder de representar a la población suelen ser las instituciones más corruptas. Entre los diversos casos de corrupción, uno es la construcción de grandes infraestructuras innecesarias aumentando desorbitadamente los presupuestos iniciales para por último, proponer más multimillonarias ganancias a los constructores amigos”.

Según Los Verdes, Coalición Canaria está “amarrando el negocio a los constructores”, de manera que el consejero Juan Ramón Hernández ha licitado la obra en un presupuesto inicial de 121 millones de euros sin tener aún los terrenos expropiados para poder comenzar los trabajos, es decir, “el carro va por delante de los caballos”.
 
Por todo ello Los Verdes han solicitado a la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, que exija al Gobierno de Canarias la paralización del proyecto denominado y que se contemple la alternativa verde de menor impacto ecológico.

Además se  solicita que se realice un seguimiento, control y evaluación ambiental previa de la obra pública que se pretendan ejecutar, así como de una posible utilización de fondos europeos.

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