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 El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, justificó este martes la extradición a Estados Unidos de 14 cabecillas paramilitares, acusados en su país de delitos de lesa humanidad, asegurando que "algunos" habían reincidido en delitos después de estar cobijados por la polémica Ley de Justicia y Paz.
"Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega", dijo Uribe en un discurso televisado.
Adelantó que a solicitud de su administración, y con previa autorización de Washington, Colombia podrá enviar "representantes" a los juicios que se le sigan a los extraditados "a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, la verdad sobre los procesos en curso propiciado".
Sin embargo, en Estados Unidos estos hombres sólo serán juzgados por narcotráfico, lavado de archivos y financiación de actividades terroristas y no por las más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas de las que se le acusan en el país neogranadino.
Para Uribe, es el Gobierno el que debe decidir cuál de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) debe ingresar o salir de la lista de beneficiados por la Ley de Justicia y Paz.
"El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas", aseguró.
Además, según el mandatario colombiano, la justicia de Estados Unidos se encargará de que las riquezas que los paramilitares entreguen sean destinadas a las indemnización de las víctimas de los crímenes, aunque no descartó la posibilidad de "la reparación moral".
"El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado", añadió.
La política de Seguridad Nacional ha sido bandera política de Uribe, quien se enorgulleció de haber "reducido enormemente la violencia en el país".
No obstante, admitió que, a pesar de estar vigente esta ley, se ha reincidido "en el asesinato u otros delitos" y por ello "no se puede proceder con debilidad", con lo cual volvió a justificar su acción.
Entre los paramilitares extraditados, quienes estaban presos en diversas cárceles del país, se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (alias "Don Berna"), Francisco Javier Zuluaga (alias "Gordolindo") y Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40").
La extradición de estos líderes paramilitares fue precedida por la de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", quien abandonó el país el pasado 7 de mayo, luego de una fuerte contienda judicial encabezada por las víctimas de la facción que lideraba este hombre, el Bloque Central Bolívar, que fue el más grande de las AUC y al que se le atribuyen unos 10 mil asesinatos.
En un fallo que luego fue revocado por el Consejo Superior de la Judicatura, un tribunal de Bogotá había ordenado que Jiménez debía permanecer en el país hasta que fuera enjuiciado y reparara a sus víctimas.
El envío de "Macaco" fue demorado por cerca de un mes.
Las AUC son amparadas por la Ley de Justicia y Paz, la cual establece la supuesta desmovilización y desarme de este grupo, cuyos miembros debían colaborar con la justicia, reparar a las miles de víctimas y no volver a delinquir, a cambio de penas mínimas de máximo ocho años.
Impunidad y encubrimiento
Inmediatamente conocida la noticia, miembros de la oposición colombiana denunciaron que la verdadera intención detrás de la extradición repentina de los paramilitares de ultraderecha fue la sabotear las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre las AUC y políticos próximos al uribismo.
Rafael Pardo, ex aspirante a la presidencia por el opositor Partido Liberal, advirtió que los jefes paramilitares enviados son los mismos que "firmaron los acuerdos con los 'parapolíticos'".
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares, acusados de centenares de crímenes y masacres de campesinos y civiles.
De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos de forma preventiva, entre ellos el senador Mario Uribe, primo hermano de Uribe.
Pardo señaló, además, que la extradición de estos jefes paramilitares es una clara muestra del fracaso de la ley de Justicia y Paz.
Por su parte, la ex canciller y dirigente del Polo Democrático, María Emma Mejía, consideró la decisión como una verdadera "tragedia" para la justicia colombiana que ahora no podrá juzgar los delitos contra la humanidad cometidos por estos paramilitares.
"Todos ellos tenían delitos de lesa humanidad que debían haber sido juzgados en Colombia y por Colombia", agregó.
Con respecto a las víctimas y sus familiares, Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), expresó que la extradición llevada a cabo la madrugada de este martes está orientada a dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de esos crímenes.
"Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia", enfatizó Cepeda.
(Telesur)
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