|
El Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral hizo público esta mañana un informe en el que se explican los argumentos para la paralización de las obras de construcción de la cárcel en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
“El Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias (PTEINPE), realizado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), se encuentra en fase de estudio en la COTMAC, y tiene muchas posibilidades de ser rechazado. Por tanto, si no esta designado el suelo para ubicar la cárcel, las obras no pueden empezar.
La formulación de los Planes Territoriales Especiales es atribuida por el Art. 24.1.c, del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
La competencia para la aprobación definitiva del PTEINPE le corresponde por el Art. 24.4 de la anterior ley a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, (COTMAC) y previo informe de esta, al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Los terrenos son propiedad del Gobierno de Canarias con referencia catastral Nº 35020A011000350000EO en el Polígono 11 y 12 y la Parcela 00035, con una superficie de 579.825 Ha. El Gobierno de Canarias ha denunciado en los Juzgados de San Bme. de Tirajana, que “la finca ha sido usurpada de forma ilegal por la SIEP y que han recabado el auxilio de las fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía para su desalojo, hecho que no se ha producido”.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Bartolomé de Tirajana, aún no ha sido aprobado, encontrándose en fase de alegaciones el Informe de Sostenibilidad Ambiental. En el anterior PGOU, vigente, el suelo está clasificado como Rústico de Protección Agrícola y la Alcaldesa ha expresado en los medios de comunicación que la Corporación no cambiará la calificación de este suelo y los mantendrá de esta manera.
La Policía Local ha levantado múltiples actas, comprobándose que se carece de los permisos necesarios para realizar las obras, pero luego desde el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, no se actúa con el correspondiente precinto. Es más, en los últimos días, se le ha ordenado a la Policía, que cuando los vecinos llamen para denunciar los trabajos, se les diga que quien debe actuar es el Gobierno de Canarias y no el Ayuntamiento.
Las obras se realizan sin Informe de Impacto Ambiental en un área rodeada de Espacios Naturales Protegidos como Juncalillo del Sur, IBA Arinaga – Juncalillo y Rampas de Amurga. Creemos que este Informe es lógicamente necesario en una obra de esta magnitud y en esta zona. Este hecho ha ocasionado un atentado ecológico al haberse desarrollado los trabajos en la época de reproducción de especies protegidas en Canarias, la época más sensible, con la destrucción de todos los nidos en la zona, hecho denunciado a la Agencia del Medio Natural, por el Consejo y por la organización SEO/BirdLife.
El no contar con Informe de Impacto Ambiental ha provocado igualmente, cuantiosas perdidas en los cultivos de tomates, lindantes a la finca de trabajos. Los movimientos de tierra, han ocasionado la acumulación de polvo en las plantas, que atraen a los virus que los atacan e impide la acción de los fitosanitarios, además de atacar la flor del tomatero. Las empresas agrícolas han presentado las correspondientes denuncias, y de los datos que conocemos en el Consejo, la Cooperativa Ortega Suarez (3 Ha) reclama 141,500 €, Agrícola Juan Grande (3 Ha) reclama 94,500 €, habiendo presentado igualmente denuncias las empresas La Florida y la mas grande, Bonny con mas de 100 Ha. de cultivo.
Debido a todo lo anterior: no estar aprobado el proyecto, no ser dueños de los terrenos, no estar calificado el suelo, carecer de Informe de Impacto, las obras son totalmente ilegales, por lo tanto los responsables de la SIEP, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana están cometiendo un presunto delito de prevaricación, permitiendo a sabiendas que las obras se desarrollen ilegalmente.
El consejo de Vecinos se está planteando el realizar las oportunas denuncias en el Juzgado por esta dejadez de funciones, de los responsables políticos pertinentes.
Por último, únicamente el Consejo de Ministros del Gobierno Central, tendrá potestad para imponer la construcción de la Cárcel, si esta no es contemplada en el PTEINPE ni en el PGOU y es dicho Consejo de Ministros quien iniciará los trámites para la expropiación de los terrenos con la consiguiente dilatación en el tiempo”.
Los vecinos de Castillo del Romeral denuncian que ahora mismo están realizando las funciones que debería realizar la Policía Local, estableciendo un turno de guardia para avisar al resto de vecinos en caso del inicio de las obras e impedir que éstas se ejecuten. Por ello, existe un grave riesgo de peligro de exaltación del pueblo y revelación popular de los vecinos afirman en el presente comunicado.
Advierten que en caso de conflicto grave entre los vecinos y los trabajadores de la Empresa Hermanos TITO o con la Policía Local o Nacional ¿Quien tendría la culpa, los vecinos o los políticos?
“Esto no es disparatado, porque el día del paro de las obras, un tractorista casi atropella a un vecino, que no fue auxiliado por la Policía Nacional cuando fue a realizar la correspondiente denuncia”.
(Acfi Press)
|
(0 voto)
