Además, a pesar de los esfuerzos del gobierno argentino de sentarse a negociar con los empresarios agrícolas, los cortes de rutas diarios continúan e impiden el paso de camiones durante horas.

Para este jueves, las cuatro entidades patronales del campo han anunciado que discutirán si continúan con la paralización en la comercialización del grano, en su intento por presionar al Ejecutivo para que suspenda el programa de retenciones móviles que busca impedir que el aumento de los rubros alimenticios en el mercado internacional impacte negativamente en el mercado interno.

Mientras Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, dijo que suspendería la huelga por 24 horas si la presidenta argentina, Cristina Fernández, hacía un llamado para dialogar, otros dirigentes como Luciano Miguens, de la Sociedad Rural y Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideraron que por ahora es más factible la continuidad de la medida de protesta.

"Si algún ministro se pone en contacto con nosotros, vamos a evaluar la posibilidad de interrumpir por 24 horas la medida de fuerza", puntualizó Buzzi.

"La protesta superó al campo. Ya no es una discusión entre productores y Gobierno. Ahora están las provincias, autoridades y vecinos, que ven cómo se llevan su producción y no les dan nada a cambio", añadió, por su parte, Miguens.

Un poco más dispuesto, el representante de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Fernando Gioino, opinó que la solución al conflicto es el diálogo y pidió que se incluyan a las economías regionales.

Este martes, la presidenta Cristina Fernández, aseguró que pese a la oposición de quienes no quieren el campo, en referencia a los terratenientes en huelga, la política de transformación seguirá.

"Vamos a seguir cambiando a Argentina, pese a los que les molestan los cambios y son lo que más están disfrutando, muchos, los que parecen los críticos más acérrimos, son lo que más han disfrutado de la producción, de la exportación y del crecimiento en general", subrayó.

Hace una semana, las cúpulas agrarias resolvieron no comercializar granos destinados a la exportación, pero aseguraron que la medida finalizaría este jueves 15 de mayo.

Las patronales decidieron reanudar la protesta luego de un mes de tregua otorgada al Ejecutivo, tiempo en el que se sentaron a dialogar para solventar la situación. No obstante, solo se logró avanzar en las exportaciones de carne y trigo, sin resolver el problema de retenciones móviles que durante el mes de marzo originó una huelga de 21 días.

Intelectuales contra el paro

Entre tanto, intelectuales y movimientos sociales anunciaron un plan de lucha contra el paro del campo. Más de mil intelectuales salieron a respaldar a las autoridades nacionales con una carta abierta, denominada en "defensa de un gobierno democrático y popular".

El filósofo y escritor, José Pablo Feiman, opinó que el paro no es una huelga ni un piquete (corte de ruta), sino un "movimiento subversivo".

"En realidad quienes toman el país, se están apropiando de todo el país, que según ellos les pertenece porque son los dueños de la tierra", expresó.

"Lo que está molestando al establishment es la política de derechos del gobierno nacional; esto es una excusa para tratar de debilitarlo y condicionarlo", añadió.

El periodista Horacio Verbitsky explicó que en la reunión de intelectuales, los artistas buscan "dar respuesta a una situación inaceptable de cuestionamiento a las medidas tomadas por un gobierno recién elegido por los argentinos".

"Medidas -afirmó- que fueron propuestas durante la campaña electoral y votadas por el pueblo argentino y frente al cual hay una repuesta autoritaria con la intención de cercar con hambre a las ciudades argentinas e imponer con una pueblada agraria un cambio de modelo político y económico".

La Carta Abierta manifiesta que la actual situación es una "dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía".

Los firmantes consideran que "la oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad".

También critican la actuación de los medios de comunicación social que "gestan la distorsión" de los acontecimientos y difunden la información con prejuicios y racismo.