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 A continuación se expone el artículo de opinión escrito por el respresentante sindical Bernardo Medina.
En el BOC del miércoles 26 de Marzo de 2008, la Consejería de Sanidad publicó el anuncio por el que se somete a información pública el anteproyecto para la contratación del nuevo servicio de oncología radioterápica anexo al Hospital Universitario de Gran Canaria Materno Insular, mediante el procedimiento de concesión de obra pública y significa que una empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de la obra, la construye y luego explota el servicio con su propio personal privado, un modelo similar al del aparcamiento del Complejo Materno-Insular.
Intersindical Canaria está totalmente en contra de ese tipo de adjudicaciones, porque significa descapitalizar la sanidad pública, y ceder a la empresa privada la construcción, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra. Hablando claro, convertir a la sanidad en un puro negocio. La Ley 13/2003 supuestamente ampara, los supuestos de construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión en los que, bajo la tutela y control de la Administración, se confiere el protagonismo principal a la iniciativa y capital privado. Donde de cara a atraer la participación del capital y la iniciativa privada, se moderan los límites del riesgo asumiéndolo de forma compartida el sector público y el privado. Es decir, una clara connivencia para que la sanidad privada se desarrolle, a costa de parasitar y progresivamente minar lo público. Hasta el punto que se suelen establecer mecanismos de revisión por las posibles variaciones que se produzcan en los rendimientos derivados de la utilización de la obra, permitiendo además, la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de capitales no sólo mediante los medios convencionales, financiación por entidades de crédito, emisión de obligaciones, bonos, etc., sino también permitiendo acudir a la titulización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra.
Para que se entienda claramente, son las nuevas formas de gestión del PP –más viejas que Caín- que han resultado un sonoro fracaso allí donde se han ejecutado, con más precariedad en las condiciones laborales, más jornada laboral, menos retribuciones y, para los ciudadanos, no han resuelto los problemas que, supuestamente, justificaron su creación, listas de espera, etc.
Intersindical Canaria se opone frontalmente a cualquier forma de gestión que implique la privatización y externalización de funciones o servicios. La Consejería de Sanidad de Canarias en manos del Partido Popular y con el apoyo de Coalición Canaria, inciden aún más en esa línea de privatizaciones directas.
Entendemos que no podemos quedarnos en el mero rechazo y crítica, y que debemos, en la medida de nuestras posibilidades paralizar judicialmente tales actuaciones, ya que el contrato de concesión de obra pública no puede ser utilizado para la construcción y explotación de un servicio hospitalario u obra hospitalaria, ya que la Ley que regula esta modalidad contractual, al establecer sus posibles contenidos, no incluye entre los mismos la construcción y explotación de un servicio hospitalario. Así, el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de Contratos de las Administraciones Públicas establece lo siguiente: "Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción y explotación, o solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general....".
Difícilmente una construcción como la citada, resulta equiparable a las obras de ingeniería civil, ni tiene una naturaleza económica. El artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece que "también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes...". Además el régimen de explotación previsto, resulta contradictorio con los principios generales de la Ley 16/2003, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ya que, entre los principios que informan a la mencionada ley se encuentra la prestación de una atención integral a la salud, de tal manera que las prestaciones se ejercerán con un carácter de integridad. Este principio se rompe, al conceder la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la iniciativa privada la explotación de actividades sanitarias mediante la mediante el procedimiento de concesión de obra pública.
Resulta paradójico que mientras el Estatuto Marco del personal Estatutario, aboga por la puesta en marcha de procedimientos para la integración de personal con la finalidad de mejorar la eficacia de la gestión, el proyecto de la Consejería origina una dualidad no sólo de regímenes jurídicos sino de vinculaciones laborales y organizativas, con personal contratado y dirigido por la empresa privada, dualidad que difícilmente va a contribuir a una gestión eficaz.
En Intersindical Canaria defendemos la Sanidad Pública, con gestión pública, aseguramiento público único y provisión pública. Los resultados en aquellas Comunidades Autónomas donde el PP ha puesto en práctica la creación de un mercado sanitario y privatización de la provisión, han significado un incremento de los costes administrativos, mayores trabas a la capacidad de elección real del ciudadano, debilitamiento del Estado del Bienestar, ha generado importantes segmentos de población desatendida y una fragmentación de las responsabilidades de planificación, financiación y asistencia. Para los profesionales de la salud ha supuesto un lacerante deterioro en sus condiciones de trabajo.
La experiencia y los indicadores objetivos, nos muestran, que tanto en aquellas Comunidades Autónomas, como en los países de la UE donde las reformas del sistema sanitario se hicieron sobre las coordenadas de creación de un mercado interno y de la separación de la financiación y provisión de los recursos, no han podido demostrar una mejora de su eficiencia, al contrario, fueron continuamente cuestionadas, acabaron fracasando, y generaron importantes y peligrosos desequilibrios y problemas. Aceptar cambios en los modelos de gestión sin plantearse sus consecuencias, sin analizar experiencias similares, es de una gran temeridad y con imprevisibles consecuencias de toda índole.
Fdo: Bernardo Medina Rodríguez.
Responsable de COMUNICACIÓN. Federación de SALUD.
Intersindical Canaria.
(Foto Acfi Press)
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