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Hoy la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, ha clausurado el I Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, que ha contado con las más destacadas personalidades en la materia, y que ha reunido en el Hotel Costa Meloneras a más de 200 profesionales de la banca, auditores, economistas, titulares mercantiles y empresarios. La alcaldesa agradeció “la asistencia de los especialistas y destacó la importancia que tiene el conocimiento de esta ley, especialmente en el periodo económico que atraviesa el país”.
La jornada comenzó con la intervención de Andrés Sánchez Magro, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, que abordó el tema de el concurso de las personas físicas. Sánchez Magro examinó las luces y las sombras de una institución que “prácticamente nos hemos inventado, que es aplicar el concurso de acreedores general a las personas físicas. Aplicar este procedimiento tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es un traje que no encaja bien con las personas individuales. Es un procedimiento demasiado caro, riguroso, exhaustivo y largo para resolver el sobreendeudamiento de los particulares.”
A continuación, Ántoni Frigola i Riera, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, señaló que “cuando una empresa entra en concurso si los administradores, de hecho o de derecho, han realizado conductas reprochables, en cuanto a lo que es la gestión de la empresa, se les podrá exigir que respondan de aquello que los acreedores no pueden obtener por el patrimonio del concursado”.
El convenio de acreedores fue el tema central de la tercera ponencia de la mañana, que corrió a cargo de Javier García Marrero, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. Para García Marrero “el convenio es la mejor solución para resolver los problemas de las empresas, ya que es menos costoso y más rápido”. Además, agregó que “por esta vía se asegura que los acreedores cobran más que por la liquidación”.
Para terminar la jornada de trabajo, Santiago Senent Martínez, magistrado juez del juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid, expuso los elementos de la ley concursal que permiten reestructurar una empresa, “porque no toda empresa que entra en concurso tiene que desaparecer. Si se cumplen los tiempos y se adoptan las medidas prudentes, la propia ley apuesta por la continuación de la empresa, de manera que pueda salir de la situación de crisis y seguir adelante en una situación incluso mejor de lo que estaban antes”. Senent señaló que “el concurso de las empresas grandes provoca que otras empresas pequeñas que dependen de ella se vean obligadas a salir a concurso”.
Miguel Losada, magistrado juez del Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y director del Congreso y director del I Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, considera que “las expectativas se han cumplido ampliamente y que se han resuelto todas las dudas sobre la aplicación de la ley concursal. Además explicó que “con un conocimiento más profundo, esta ley se aplicará de una manera más correcta y productiva”.
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